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Marta Borraz

Periodista. Comprometida con los derechos humanos y el periodismo con visión de género. Antes, en Expansión, ONG InspirAction y Cadena SER León. 

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La Policía deberá informar a los juzgados de los casos de violencia machista en los que haya menores en riesgo

Cuando una mujer denuncia violencia de género en una comisaría de Policía o Guardia Civil, los agentes ponen en marcha las herramientas para predecir el riesgo, entre ellas, un formulario. Desde 2007, este instrumento se basa en el conocido como Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, que ha contado con varias actualizaciones y sobre el que el Ministerio del Interior ultima una nueva reformulación. Una de sus principales novedades es que obligará a los agentes a informar al juez de aquellos casos en los que haya menores de edad sobre los que la denunciante haya "manifestado una posible situación amenazante".

Así lo confirman fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que no prevé que el nuevo sistema esté operativo antes de 2019. A mediados de octubre, la Secretaria de Estado de Seguridad convocó una reunión con los principales actores implicados en el proceso para poner sobre la mesa la actualización, que pretende impedir que se produzcan casos como el ocurrido en Castellón en septiembre, cuando un hombre asesinó a sus dos hijas de dos y seis años. La madre de las niñas había denunciado las amenazas que había recibido, pero la valoración policial dio resultado de riesgo bajo y el juez no tomó medidas de protección.

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Dependencia económica y mandatos familiares: las mujeres mayores denuncian menos la violencia de género

"Francamente casi es casarme, y como yo digo, al día siguiente me tenía que haber separado de él, porque era un hombre...". A sus 77 años, Rosa (nombre ficticio) ya no está con el hombre que la maltrató durante medio siglo. Aguantó durante cinco décadas, toda una vida, la violencia de género y, aunque ahora está separada de su exmarido, sigue vinculada a él. "Está malo y me llama: que estoy malo, que no puedo esto… porque no esto, porque no lo otro… y voy a hacerle las cosas y hacerle comida. Me arrepiento de haberle aguantado, pero sin embargo le sigo aguantando".

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este 2018 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas siete mujeres mayores de 61 años, un 16% del total. La cifra es la punta del iceberg de la violencia de género que viven o han vivido mujeres mayores como Rosa. Algunas, como ella, consiguieron separarse de su agresor, aunque en su caso el rol de cuidadora sigue imponiéndose. Otras, la mayoría, continúan en el ciclo del maltrato y muchas veces no logran ponerle nombre. Muy pocas, coinciden las expertas, son las que deciden finalmente interponer una denuncia. Es la violencia de género silenciosa y relegada a la intimidad que impone, en el caso de estas mujeres, una doble invisibilidad.

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Colectivos que trabajan con prostitutas denuncian que la ordenanza que se debate en Madrid las haría más vulnerables

Varias organizaciones aseguran que la ordenanza municipal contra la prostitución que se está debatiendo en Madrid aumentaría la vulnerabilidad de las propias trabajadoras sexuales. Es una de las conclusiones del informe emitido por la Mesa Técnica de Prostitución y Trata con fines de explotación sexual de la Comunidad de Madrid, un grupo de trabajo al que pertenecen varios colectivos que trabajan con prostitutas. Aunque no todos han firmado el documento –lo han hecho 8 de 14–, se trata del primer posicionamiento público de la Mesa sobre la ordenanza contra la prostitución registrada por el grupo municipal del PSOE el pasado mayo.

Los colectivos firmantes, entre los que se encuentra Hetaira, Cogam, la Fundación Cruz Blanca, el Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal (Ayuntamiento de Madrid) o la Congregación de Hermanas Oblatas, muestran su preocupación "por el impacto negativo en la vida de las mujeres" que, aseguran, ha supuesto la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la ordenanza que sanciona la prostitución en Alcalá de Henares, aprobada en 2010, "así como el que pueda suponer" la normativa que se está actualmente debatiendo en Madrid.

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Las ordenanzas municipales que sancionan la prostitución no logran acabar con su ejercicio

Las ordenanzas que en los últimos años han aprobado varios ayuntamientos en España para perseguir la prostitución callejera no logran terminar con su ejercicio. Es una de las conclusiones principales de un informe elaborado por el grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que cuestiona que este tipo de normativas sancionadoras sean el instrumento adecuado para abordar la realidad de la prostitución. El estudio, a cuyo borrador ha tenido acceso eldiario.es y que se hará público a finales de noviembre, revela que las ordenanzas son una herramienta "inadecuada" para acabar con la prostitución o luchar contra la trata con fines de explotación sexual. 

Aunque el grupo ya había avanzado algunos detalles de la investigación, el documento califica de "claro fracaso" las ordenanzas municipales concebidas con el ánimo de terminar con la prostitución, que es uno de los argumentos que suelen desgranarse desde los consistorios para ponerlas en marcha. "Con la aplicación de las ordenanzas se sigue ejerciendo el trabajo sexual y se está revictimizando a las mujeres víctimas de trata", explica el estudio, realizado a partir de 32 entrevistas en profundidad a trabajadoras sexuales, ONG, expertas, representantes políticos, técnicos municipales y agentes de varias ciudades, entre ellas, Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza o Bilbao.

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Los colectivos LGTBI denuncian "el injustificable retraso" de la tramitación en el Congreso de su ley integral

Mediante 18 ruedas de prensa simultáneas en diferentes ciudades, colectivos LGTBI han denunciado "el injustificable e indignante retraso" de su ley integral, que actualmente tramita el Congreso. Bajo el nombre de "Ciudades en pie por la Igualdad LGTBI", la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha organizado una jornada de movilización para exigir a todos los grupos políticos que se comprometan con una ley, registrada por Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea,  cuya toma en consideración fue aprobada por la cámara baja en septiembre de 2017. 

"Estamos hartas e indignadas. La inacción de la Comisión de Igualdad  ha asegurado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, en la rueda de prensa celebrada en Madrid. "No nos temblarán la voz ni la mano para decir a otros partidos que tampoco van a estar en el Orgullo si no realizan el trabajo que tienen que hacer", ha añadido en referencia a la manifestación del Orgullo LGTBI que se celebra todos los años en la capital y a cuya cabecera suelen acudir dirigentes de los principales partidos políticos. Este año, de hecho, la FELGTB no invitó al Partido Popular por haberse abstenido en la toma en consideración de su ley integral. 

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Casado quiere terminar con la Ley del Aborto que ha conseguido reducir el número de intervenciones

Pablo Casado lleva desde que comenzó su campaña interna para presidir el PP prometiendo que, de llegar al Gobierno, derogará la actual Ley del Aborto, de plazos, para volver a la que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010, de supuestos. "El aborto no es un derecho", ha insistido. El domingo en El Objetivo repitió esta idea, apelando “al derecho a la vida” y señalando que desde que el aborto se despenalizó en España hace 33 años se han practicado unos dos millones de intervenciones que "han costado unos mil millones de euros". Un dinero que él asegura que destinaría a apoyar la maternidad.

El número de abortos en España llevaba en ascenso desde 1985. La tendencia se revirtió cuando, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la actual ley. En 1987, primer año que consta con registros oficiales en el Ministerio de Sanidad, se practicaron 16.766 abortos en nuestro país. Casi cada año desde entonces, la cifra fue aumentando hasta llegar a su pico en 2011, uno después de la aprobación, cuando hubo 118.611. A partir de ese momento y hasta el último registro, de 2016, se ha ido reduciendo el número hasta los 93.131.

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La difícil búsqueda de la justicia de las víctimas de pederastia: ¿Aumentar el plazo de prescripción o suprimirlo?

El Gobierno tiene la intención de que los abusos sexuales contra menores no caduquen nunca a ojos de la justicia. Es la idea que ha trasladado al Vaticano la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en una reunión mantenida este lunes. Los socialistas pretenden así que los delitos de pederastia no prescriban nunca ante el escaso plazo que actualmente contempla la ley y que, por las peculiaridades de este tipo de violencia, dificulta en muchos casos la obtención de justicia por parte de las víctimas. Sin embargo, la propuesta pone sobre la mesa el debate sobre cuál es la mejor fórmula para solucionarlo y divide al mundo jurídico sobre la idoneidad de la medida. 

Actualmente, la prescripción de los delitos de violencia sexual se sitúa entre los cinco y los 15 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. Esto implica que, como máximo, una víctima de pederastia podrá denunciar hasta los 33 años en caso de que se haya cometido contra ella una agresión sexual con penetración y utilizando violencia e intimidación.  La mayor parte de violencia sexual contra menores, sin embargo, son abusos sexuales y tocamientos, que prescriben a los diez años. Es decir, la edad máxima a la que una víctima puede denunciar estos hechos se sitúa en los 28, ya que el plazo se empieza a contar desde que cumple la mayoría de edad.

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La responsable de Igualdad de Mallorca se enfrenta a una multa de 50.000 euros por denunciar apología del "terrorismo machista"

La directora de Igualdad del Consell Insular de Mallorca se enfrenta a una multa de casi 15.000 euros y el pago de una indemnización de 40.000. El pasado martes quedaba visto para sentencia el juicio contra Nina Parrón, acusada de haber cometido un delito de injurias y calumnias con publicidad tras acusar al presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares, Jorge Skibinsky, de "apología del terrorismo machista" y "justificación de la violencia machista". Fue en 2016 cuando Parrón hizo estas declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Fiscalía de las Islas Baleares tras entregar una carta en la que pedía al Ministerio Público que se pronunciara sobre un artículo firmado por Skibinsky, del que aseguraba que podía ser "constitutivo de delito". 

El mismo, titulado "No fue una agresión machista" fue publicado el 7 de julio de 2016 en la sección de "Cartas al director" del periódico Última Hora. En él, el presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares se refería al crimen machista ocurrido en junio de ese año en el municipio mallorquín de Alcudia, donde un hombre roció a su pareja con gasolina y le prendió fuego. La mujer logró abandonar el lugar con su hijo de dos años en brazos y fue trasladada de urgencia al hospital con gravísimas lesiones que le produjeron la muerte en agosto de ese mismo año. Poco antes de los hechos, la víctima le habría comunicado al asesino su intención de separarse de él.

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Hablan las mujeres trans: "Excluir del feminismo a otras compañeras es lo más antifeminista que hay"

El debate que en las últimas semanas ha estallado con fuerza en España sobre el sujeto político del feminismo ha pillado a Elizabeth Duval en Francia. Vive en París desde el pasado mes de septiembre, cuando se trasladó para empezar estudios superiores de Filosofía y Letras Modernas. Desde allí ha seguido de cerca la polémica surgida a raíz de las declaraciones sobre "arriesgar el sujeto del feminismo" pronunciadas en un encuentro organizado hace 15 días por Podemos. Estas palabras han desatado una discusión teórica en torno a la inclusión de las mujeres trans en el feminismo y la transfobia a la que a veces se enfrentan dentro del propio movimiento y ha propiciado artículos, reflexiones, tuits e incluso varias preguntas a la teórica y activista antirracista Angela Davis en su visita a Madrid.

"Me parece vergonzosa la irresponsabilidad de ciertos sectores del feminismo de plantear tesis que nos excluyen del feminismo  cuando al mismo tiempo estamos viendo que Trump quiere directamente negar nuestra existencia y hay un alza de ideas tránsfobas por el avance de la ultraderecha", explica Elizabeth, que empezó su transición hace unos años. En su opinión, la exclusión de las mujeres trans del feminismo es algo "minoritario", pero que "sí se da", lo que provoca "la amplificación de la violencia que ya de por sí vivimos".

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El Congreso aprueba la reforma para reforzar la especialización de los jueces en violencia machista

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que impulsa la especialización de los operadores jurídicos en violencia machista. Con solo dos abstenciones y el resto de grupos a favor,  la cámara ha dado luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia que implica reformar algunos apartados de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de "avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en este ámbito por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial", tal y como se acordó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

El pasado mes de junio,  el Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa, la primera que vio la cámara baja en aplicación del pacto, al que la misma dio luz verde en septiembre de 2017. La proposición de ley, presentada por el PSOE, fue la que utilizaron los socialistas para intentar su maniobra legal para poder aprobar sus presupuestos y que, finalmente, fue tumbada por PP y Ciudadanos. El trámite de la iniciativa prosiguió tal y como había sido concebida: para reforzar la especialización de los operadores jurídicos que tratan con violencia de género.

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