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Marina Estévez Torreblanca

Empecé a trabajar en Efe cuando se decía lo de "España va bien" y allí me enseñaron a escribir sobre política. Fui tres años corresponsal en Bruselas y conocí mundo mientras informaba sobre defensa y asuntos exteriores de la UE. Volví a Madrid y me inicié en las complicaciones de la economía en plena crisis. En 2017 empecé a disfrutar esta nueva etapa en eldiario.es. Mi correo: mestevez@eldiario.es

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"El sector privado está usando las puertas giratorias en la Agencia Tributaria para ahorrar impuestos"

Ricardo Rodríguez es funcionario de la Agencia Tributaria desde hace 27 años. Trabaja en la unidad de Grandes Empresas, donde su labor consiste, sobre todo, en librar "oscuras e interminables escaramuzas jurídicas y procedimentales", en ocasiones con antiguos compañeros que ahora trabajan en despachos privados y conocen muy bien los recovecos de la casa. El sistema "permite que se use la norma fiscal para eludir el pago de impuestos si se atesora el dinero suficiente para comprar el camino a la indulgencia", denuncia.

Este técnico de Hacienda, que ha publicado varias novelas y libros de poesía, acaba de sacar al mercado "Los impuestos en la ciudad democrática" (El Viejo Topo), un título que homenajea a Vázquez Montalbán –"quizá este libro le podría gustar", dice–. En él analiza con un lenguaje divulgativo el sistema fiscal en España y recopila algunos artículos suyos sobre tributos publicados en prensa.

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Casado propone dejar a las autonomías sin más de 5.500 millones de financiación anual con su rebaja fiscal

Los problemas de suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas (CCAA) para afrontar sus competencias en materias como la sanidad, la educación y la dependencia podrían empeorar de salir adelante la nueva propuesta impositiva de Pablo Casado. En plena polémica por la marcha atrás del Tribunal Supremo sobre quien debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, el presidente del PP ha lanzado una idea para "defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles": bajar algunos de los principales impuestos (renta y sociedades) y eliminar sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados (el impuesto a las hipotecas).

Nuestro proyecto se basa en defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles. Por eso haremos una revolución fiscal al llegar al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades, y suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD

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IRPF de la prestación por maternidad, plusvalías municipales o cláusulas suelo... cuando los tribunales sentencian a favor del consumidor

Los tribunales de justicia han sentenciado en varias ocasiones en los últimos años a favor de los consumidores y los contribuyentes frente al criterio del Gobierno y las prácticas bancarias.

Solo en el mes de octubre, dos sentencias del Supremo habíann caído como una bomba: la que obliga al Estado a  restituir el IRPF pagado durante las bajas de maternidad, y que según distintas asociaciones podría suponer una factura de más de mil millones para el Estado, y la que declara que es el banco, y no el cliente, quien debe hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, una decisión que el propio Alto Tribunal ha reconsiderado en una decisión inédita. 

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Hacienda quiere evitar que los 5.000 millones que se podrían reclamar de impuesto a las hipotecas afecten al déficit

Mientras el Tribunal Supremo sigue reunido por segunda jornada consecutiva para deliberar sobre el alcance de la sentencia que determina que son los bancos, y no los clientes, los que deben pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado cuál es el plan del Gobierno en caso de que resulte favorable a los ciudadanos.

En un acto informativo organizado por Cinco Días, Montero ha asegurado que las comunidades autónomas, que son las que recaudan este impuesto, calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución, en caso de que Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años (plazo en el que prescriben los actos tributarios).

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Hacienda anuncia que el sistema para pedir la devolución del IRPF por maternidad estará listo "en unos días"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el sistema para reclamar el IRPF pagado durante la baja de maternidad "estará disponible en unos días". El Ministerio está trabajando en un "formato homologable" en todos los territorios, que resulte "sencillo" y que "no genere desplazamientos" a quienes decidan reclamarlo, ha explicado. Montero ha calculado que el coste para las arcas públicas ascenderá a 1.100 o 1.200 millones de euros. Hace poco más de un mes, el Tribunal Supremo dictaminó que las prestaciones por maternidad no debían tributar como renta, frente al criterio mantenido por la Agencia Tributaria.

Además, el Ministerio de Hacienda prorrogará en 2019 el actual régimen de tributación por módulos. Lo que esto significa es que el medio millón de autónomos que paga sus impuestos en función de una estimación objetiva, no directa, podrán seguir haciéndolo. Esto afecta, sobre todo, a los 80.000 trabajadores del transporte ligero y pesado que trabajan como autónomos para otras empresas, que habían amenazado con movilizaciones ante una medida que iba a implicar una subida de impuestos para ellos. La legislación vigente contemplaba que a partir de 2019 se endurecerían los umbrales para tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos).

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"Sepes aportará sus suelos para el plan de 20.000 viviendas de alquiler social"

Alejandro Soler (Elche, 1972) llegó el pasado julio a la dirección general de Sepes, la Entidad Estatal de Suelo, en sustitución de Lucía Morales, tras el cambio de gobierno. Licenciado en Derecho, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario general de esta formación en Elche, ciudad de la que fue alcalde entre 2007 y 2011.  

Asegura que "Sepes necesita volver a actuar con mucha más fuerza, volviendo a desarrollar una parte de los desarrollos que estaban paralizados" y aboga por volver a adquirir suelo. La entidad cuenta con 14,5 millones de metros cuadrados de suelo ya desarrollado, valorados en 467 millones de euros, cifra que le convierte en uno de los primeros propietarios de suelo del país. 

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"Un motivo del paro en España es que hay un gran grupo de personas preparadas para hacer cosas que no son necesarias"

El conservador Jyrki Katainen (Siilinjärvi, Finlandia, 1971) es uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. Este ex primer ministro finlandés participó recientemente en un  encuentro en Bruselas con periodistas de países beneficiarios del macroplan de inversiones público-privadas conocido como Plan Juncker.

Responde a través de correo electrónico a las preguntas de eldiario.es sobre este plan y sobre otros temas como el proyecto presupuestario español, en el que no quiere entrar demasiado más allá de recordar el compromiso de ajuste estructural del 0,65% del PIB. Preguntado por la decisión específica de elevar el salario mínimo a 900 euros, explica que el análisis que se hará de esta medida se basará en el pilar social, que afirma que los trabajadores tienen derecho a salarios justos y a un nivel de vida digno, y que son necesarios salarios mínimos adecuados.

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Implantes de oreja con tecnología 3D o el fallido almacén de gas Castor: para qué sirve el Plan Juncker en España

Juan (nombre supuesto) perdió una oreja en un accidente de trabajo. Lo habitual en España es elegir entre un catálogo de unos diez modelos de prótesis. En su caso, la mutua le costeó un implante prácticamente igual al de la oreja que le quedaba, diseñado con tecnología e impresora 3D, al que le añadieron marcas y manchas basadas en antiguas fotografías para lograr más verosimilitud. Este es uno de los ejemplos del trabajo de Exovite, una empresa zaragozana de 14 trabajadores, la mayoría ingenieros, que se dedica, sobre todo, a la innovación tecnológica en herramientas y procedimientos médicos.

Aseguran que con su software para planificar operaciones con tecnología 3D reducen el tiempo en quirófano entre un 60 y un 70%, lo que redunda en beneficio del paciente y de los costes. También fabrican férulas ergonómicas para rehabilitar roturas de huesos o tratar enfermedades degenerativas como la artrosis. "Sin la ayuda europea habríamos sido mucho más lentos, o incluso lo habríamos dejado. Los inversores nos pedían demasiado retorno de ganancias y el hardware de salud es un área muy complicada", explica Juan Monzón, el consejero delegado.

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El Gobierno defiende la "importante función en los mercados" de las socimis

Pocos tipos de empresas generan tanta controversia en España por su escasa aportación a las arcas públicas y por los supuestos efectos nocivos en el mercado que provoca su actividad. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) están, según algunos grupos políticos y sindicatos de inquilinos, en el epicentro de las subidas desmedidas del precio de los alquileres. Su ventajosa tributación es análoga a la de las sicavs, las Sociedades de Inversión de Capital Variable, acusadas de servir para ocultar rentas y ser opacas al fisco. 

Los aspectos fiscales de ambos vehículos de inversión van a ser  ligeramente modificados en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Pero nada hace prever un terremoto financiero. De hecho, el Gobierno ha concluido recientemente que las socimis "contribuyen a la financiación del sector inmobiliario y cumplen una importante función en los mercados de valores". Lo hace en una respuesta parlamentaria a la diputada de PDeCAT Lourdes Ciuró, que preguntó sobre la "posibilidad existente de incorporar modificaciones en la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, para dinamizar el mercado de la vivienda de alquiler y aliviar la falta de vivienda social de alquiler".

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Los índices de precios del alquiler se determinarán con un análisis de las fianzas depositadas en las comunidades autónomas

Los propietarios que alquilan un inmueble están obligados a depositar la fianza que les entrega el arrendatario en un organismo oficial en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Y esta información es la más fiable para conocer lo que efectivamente se paga al mes por una vivienda, más allá de los anuncios en portales inmobiliarios que luego pueden variar en una negociación. Por ello, es la vía que estudia el Gobierno para determinar los índices de precios, según ha explicado a eldiario.es la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza. Se trata de una medida que debería entrar en vigor en 2019, según los planes que maneja el Ejecutivo.

Estas fianzas se cruzarían con datos sobre localización, estado del inmueble o superficie. Con ello se busca concluir cuál es el precio de mercado de una determinada tipología de viviendas.

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