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Elena Herrera

Periodista. Me estrené como becaria en la redacción de 'El Periódico de Aragón'. Después pasé por 'Público' (2010-2013) e infoLibre (2013-2018). El eldiario.es escribo, principalmente, sobre temas judiciales. Puedes contactar conmigo en eherrera@eldiario.es.

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La sátira sobre Montero: un poema "claramente machista" amparado según los juristas por la libertad de expresión

La  condena a siete magistrados a pagar 70.000 euros a la diputada Irene Montero por publicar un poema machista sobre ella en la revista de su asociación profesional, la Francisco de Vitoria, ha reabierto el eterno debate sobre los límites de la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado por la Constitución. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid consideró que ese texto, que calificó como "reiteradamente sexista" y "machista", incluía "insultos, insidias y vejaciones graves" contra la parlamentaria de Unidos Podemos y aceptó la demanda presentada por esta en su totalidad. La sentencia no es firme.

Los juristas consultados, a pesar de destacar su carácter "zafio" y " claramente machista", coinciden en encuadrar esta creación en un contexto de "crítica" al funcionamiento de un partido político que debería estar amparada por el derecho a la libertad de expresión. La sátira, creada por el juez jubilado Lorenzo Pérez San Francisco, da a entender que tanto Montero como Tania Sánchez, la anterior pareja de Pablo Iglesias, deben sus responsabilidades en la organización a los "apetitos inconstantes" del líder de Podemos.  "La diputada Montero/ expareja del 'coleta'/ ya no está en el candelero/ por una inquieta bragueta/ va con Tania al gallinero", dice una de sus estrofas. 

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La condena a los jueces del poema sobre Irene Montero: "Fueron insultos, insidias y vejaciones machistas"

"Insulto, insidia y vejación grave". En esto consistió el  supuesto poema satírico publicado en 2017 en la revista de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) sobre Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, según consta en la  sentencia condenatoria para su autor y el comité de redacción de esa publicación. De Monjas a Diputadas, que así se titulaba, no es más que un texto "reiteradamente sexista" y "machista", de acuerdo al fallo del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid.

El autor del supuesto poema, el juez jubilado Lorenzo Pérez San Francisco, ha sido condenado a pagar a Montero 50.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El fallo, que no es firme y que fue adelantado por Efe, destaca que su publicación vulneró su derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y erosionó explícitamente" su "dignidad". 

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Los juristas ven difícil que la UE obligue a la banca a devolver el dinero del impuesto de las hipotecas

Tras la decisión del Tribunal Supremo de librar a la banca del pago del impuesto de las hipotecas, los grandes bufetes de abogados que defienden los intereses de los clientes pretenden trasladar la batalla a la justicia comunitaria. Recuerdan que algunos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, han permitido que los usuarios pudieran recuperar el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo, los contratos multidivisa o los intereses de demora y aspiran a que este mismo esquema se reproduzca ahora con esta tasa. Pero no será fácil.

Juristas consultados por eldiario.es admiten que la determinación sobre si este impuesto debe pagarlo quien recibe el préstamo (los clientes) o la parte de interesada en el negocio (los bancos) es una cuestión de carácter fiscal que está prefijada en normativa de carácter nacional no armonizada a nivel europeo: la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento. Casos diferentes son los citados de las cláusulas suelo, las hipotecas que están en una moneda extranjera o los intereses de demora, que sí colisionaban con normativa comunitaria sobre derechos de los consumidores y en los que el TJUE, en todo caso, no valoró tanto su legalidad como si se habían comercializado de forma transparente.

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De los privilegios de la Corona al maltrato a detenidos: los otros rapapolvos de Europa a la Justicia española

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  condenó este martes a España por vulnerar el derecho a un juicio justo y con todas las garantías de Arnaldo Otegi y de otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale que en 2011 fueron sentenciados a entre ocho y diez años de cárcel por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna "siguiendo instrucciones de ETA". Aunque el Tribunal Supremo rebajó sus condenas, todos ellos acabaron cumpliendo penas de prisión de entre seis y seis años y medio. 

Esta decisión supone la última reprimenda al sistema judicial español, que acumulaba hasta 2017 y desde que ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos, en 1979, un total de 103 fallos condenatorios sobre un total de 157 procedimientos. Es decir, el 65,6% de las sentencias dictadas en ese período en Estrasburgo fueron desfavorables para la Justicia española. 

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Claves y diferencias entre la acusación de rebelión sin armas de la Fiscalía y la sedición de la Abogacía del Estado

Los hechos son los mismos: un proceso unilateral hacia la independencia iniciado en 2012 y que se aceleró con la convocatoria del 1-O. Pero, según la Fiscalía, estuvo marcado por una violencia clara –"levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia"– que justifica la acusación por rebelión. Para la Abogacía del Estado, que rebaja la calificación a sedición, el plan consistía en un "enfrentamiento" desde el Govern y el Parlament "contra la legalidad constitucional y estatutaria" que contó con el respaldo de organizaciones sociales con el objetivo de "presionar al Estado". 

De ahí la diferencia de penas que piden ambas acusaciones:  25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers por parte de la Fiscalía; mientras que e l órgano que defiende los intereses de la Administración en el proceso las rebaja a 12 años de cárcel para Junqueras, 11 y medio para los cinco exconsellers que siguen en prisión, 10 para Forcadell y ocho para los expresidentes Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Estas son las claves y las diferencias entre ambos escritos.

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La Abogacía del Estado descarta la rebelión y reclama hasta 12 años de prisión para los líderes independentistas

La Abogacía del Estado  reclama hasta 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya en contra del criterio del Tribunal Constitucional. El delito de sedición  castiga a quienes  "se alcen pública y tumultuariamente"  con el objetivo de "impedir" por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones.  

El órgano que defiende los intereses del Estado se distancia de la Fiscalía y descarta finalmente el delito más grave de rebelión, por el que fueron condenados los responsables de la intentona golpista del 23-F, y que establece de forma muy clara que ese alzamiento debe ser público y, por tanto, notorio y manifiesto; y también violento, es decir, ir acompañado del ejercicio de la fuerza física o de algún tipo de amedrentamiento. 

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Reunión Cospedal-Villarejo: ocho protagonistas por alusiones

21 de julio de 2009. El caso Gürtel está tomando una dirección peligrosa para el Partido Popular. El guardián de sus cuentas, Luis Bárcenas, declara al día siguiente en el Tribunal Supremo como "imputado provisional". En ese contexto, María Dolores de Cospedal recibe al comisario José Manuel Villarejo en Génova. El policía accede a la sede en secreto, acompañado de Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del partido. Los extractos de la conversación que ha publicado  moncloa.com revelan que la número dos del PP pidió al policía que saboteara la investigación del mayor caso de corrupción en la historia del PP. López del Hierro habla de "pagos". En la hora larga que dura el encuentro, sus tres participantes aluden a varias personas cuya identidad y cargo por aquel entonces permiten reconstruir el puzzle de las maniobras secretas alrededor del caso Gürtel.

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Ángel Acebes: "En el PP en sobres no ha cobrado nadie"

El que fuera secretario general del PP y ministro de Justicia e Interior durante el  Gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, ha negado este miércoles en el Congreso la existencia de sobresueldos en efectivo en el Partido Popular. "En el PP en sobres no ha cobrado nadie", ha asegurado a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga las finanzas de los conservadores. En este sentido, ha insistido en que las retribuciones que existían "tenían su certificado al final de año con las retenciones correspondientes" y estaban "debidamente declaradas a Hacienda". 

Desvinculado de la política institucional desde 2011, Acebes también ha negado  la veracidad de las anotaciones de Luis Bárcenas que supuestamente reflejan la contabilidad de la caja B que, gracias a las aportaciones irregulares de empresarios, engrosó los ingresos del PP entre 1999 y 2008. Es decir, de los llamados papeles del extesorero en los que también aparecen registradas presuntas entregas a su favor de 6.300 euros trimestrales.

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La reunión de Cospedal y Villarejo se suma a la lista de maniobras del PP para entorpecer la investigación de Gürtel

Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación. 

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia  de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del  "quien la hace la paga" a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso. 

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Un comisario del clan abronca a Villarejo: "¡No entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han 'pillao' nunca!"

La grabación de una discusión mantenida por teléfono en 2005  entre los comisarios  José Manuel Villarejo  y Enrique García Castaño, ambos poderosos mandos policiales en la época y actualmente imputados por graves delitos, pone de manifiesto las precauciones que tomaban en sus comunicaciones con el objetivo de no ser descubiertos. En uno de los informes incorporados al sumario de la Operación Tándem, Asuntos Internos mantiene que esta prevención evidencia que el agente era  consciente de la "ilicitud de sus negocios". 

En el audio, al que ha tenido acceso eldiario.es,  García Castaño reprocha de manera acalorada a Villarejo que le hubiera enviado una información a su cuenta oficial de correo electrónico. "¡No me mandes correos electrónicos! ¡No me seas gilipollas, tronco!", le espeta. "¡Que tiene rastreador, coño!", añade antes de decirle que no sea "pardillo" y que, si a él le ordenaran investigarle, lo pillaría "en tres minutos". "Es que no entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han  pillao  nunca", insiste minutos después. 

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